Un nuevo escándalo de sobreprecios en la adquisición de insumos sanitarios para los hospitales del Seguro Social en Guayaquil estalla en plena pandemia de coronavirus, cuando aún ni siquiera se conoce el avance de las investigaciones ni a los cómplices y encubridores del caso de las mascarillas. Esta vez, y como los autores no dan puntada sin dedal, se adjudicó la compra de fundas para cadáveres en 148 dólares, cuando estas se cotizan en el mercado por 12. Paradójicamente, el caso se llega a descubrir gracias a un parte policial que recogía denuncias ciudadanas sobre estas adquisiciones, pese a que la institución encargada de proteger los intereses del Estado es la Contraloría, que ha anunciado su intervención una vez que la Fiscalía realizó allanamientos y detuvo a varios sospechosos. Sin embargo, su labor parecería más reactiva que preventiva, porque sus autoridades están llamadas a realizar constantes y meticulosos seguimientos a cada uno de los contratos de compras públicas que se hagan en emergencia, sin excluir a municipios y prefecturas. La memoria es frágil y se corre el riesgo de que ocurra otro delito que tape al anterior, como ya ocurrió con el terremoto de 2016, cuyos fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas todavía son un misterio sin resolver.