Es un tema a manejarse con sumo cuidado el relacionado con el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos. Bien se sabe que el mismo, en muchas ocasiones, se ha convertido en un ingreso para los candidatos.

Por ello se han realizado múltiples reformas a la ley que regula el financiamiento de los procesos electorales que, pareciera, no han logrado su propósito.

En principio, se trata de buscar emparejar la capacidad de gasto de los aspirantes a los cargos de elección popular a partir del esfuerzo fiscal, proporcionándoles financiamiento a los partidos o movimientos que los auspician pero, desgraciadamente, es posible reseñar cómo dichos recursos han pervertido las contrataciones con los medios de comunicación (se rumora que se pide devolver un porcentaje para realizar el contrato).

Ahora se busca bancarizar las contribuciones para tener pistas respecto a las transacciones de los partidos y movimientos políticos, así como sus donantes, que dadas las posibles reducciones del presupuesto electoral en razón de la crisis económica, estimularán la búsqueda en otras fuentes, con riesgo de obtener “donativos” de procedencia cuestionable. Una rigurosa fiscalización del financiamiento y el gasto electoral debe darse como un esfuerzo a cumplir por el pleno del CNE.