El resultado de la construcción democrática ecuatoriana, a lo largo de múltiples idas y venida, es una caricatura de tal propósito. El pueblo participa, y cada vez con mayor desencanto y constreñido a la oferta que le brindan los partidos políticos, solo cuando se convocan elecciones. No existe tampoco democracia interna. Los líderes partidarios son más bien gerentes propietarios de las escasas organizaciones políticas que actúan como tales, de modo que afiliarse a una determinada estructura partidaria casi nunca garantiza la plena participación.

Tratando de superar las graves falencias anotadas y buscando liberarlas de la dependencia de los poderes económicos, está legalmente establecido el financiamiento por cuenta del Estado pero, nadie controla el buen uso de ese escaso recurso y más bien pareciera que la medida ha resultado contraproducente y solo ha contribuido a la proliferación de organizaciones creadas con el objeto de acceder al fondo partidario, lo cual repudia la ciudadanía. En ese entorno, el país requiere una nueva legislación electoral que controle la creación y funcionamiento democrático de las organizaciones que deberían ser siempre de ámbito nacional, con sus respectivas representaciones provinciales. En definitiva, y a tiempo, conviene tener debatir sobre el tema.