Antes del terremoto, el Estado ya tenía cuentas pendientes con Manabí, como pasaba con otras provincias. La reconstrucción posterior, fallida pese a los ingentes recursos recaudados de los contribuyentes de todo el país, sirvió más para confirmar el inmovilismo de una población que sufre a sus autoridades pero no les retira el voto de confianza. El dinero que debía haber devuelto el brillo a la zona y retirado los escombros de la tragedia se esfumó sin que se haya restaurado ni siquiera lo más básico: la atención en salud. Ecuador le debe hospitales a los manabitas. Pero Ecuador entregó dinero para que tuvieran hospitales. Y, casi un lustro después, los manabitas no tienen ni la infraestructura sanitaria prometida ni el dinero ni, pese a lo plausible, indignación visible. Ese Manabí doliente, es también indolente con los corruptos que le han quitado oportunidades, derechos y servicios. A costo de los manabitas pero también de todos los ecuatorianos contribuyentes.

Ni hubo castigo en las urnas ni hay voces visibles que presionen por una solución o por un castigo a los responsables. Esos representantes hablan por unos pocos y no aleccionan con una mayor exigencia a sus gobernantes. Las urnas hablan por todos y tampoco dejan un mensaje de responsabilidad.