Asambleístas de diversas tendencias están a punto de concluir sus actividades en el periodo para el que fueron elegidos. Algunos incluso han renunciado a sus curules para ocupar otros cargos públicos o por estar implicados en casos de corrupción. Ninguno de ellos ha cumplido con el deber de informar a sus votantes qué hicieron durante ese periodo, cuánto de lo que ofrecieron se cumplió, qué quedó pendiente y por qué. Esa rendición de cuentas, que debería realizarse al menos por respeto y transparencia, es una deuda pendiente, en especial de los legisladores escogidos por distritos, donde ni siquiera los reconocen, porque la última vez que los vieron fue en campaña, cuando llegaron con sus discursos y parafernalias. ¿Alguna vez regresaron para conversar con los habitantes o presentaron un informe de su gestión? Las organizaciones sociales se quejan de que nadie las escucha, ni sus alcaldes y concejales, peor aquellos que, arropados por sus partidos, permanecían en Quito de martes a jueves con todos los gastos pagados por los contribuyentes. La ciudadanía está en el deber de exigir más compromiso a la clase dirigente, pero también de reclamar cuando sientan que sus aspiraciones no se cumplen. Madurez política, se llama.