La pandemia de coronavirus rompió esquemas y dejó enseñanzas que nadie habría querido aprender. Como la de que la corrupción, que se mueve con agilidad en la oscuridad, no le tiene pena ni a la muertos ni a los enfermos. Pero esas lecciones no han calado tanto como sería deseable.

La transparencia en las adquisiciones públicas es, por concepto, una fórmula para evitar el despilfarro de recursos. Dicho de otra manera, para hacer más difícil la corrupción. Por eso llama la atención la tranquilidad con la que nuestras autoridades de Salud anuncian ahora un plan de vacunación en el que estiman gastar hasta 200 millones de dólares de las arcas públicas sin aportar un desglose transparente y preciso de costos. Se ha dicho que la inmunización será gratis para la población. Para que los ecuatorianos estén tranquilos. Pero son los ecuatorianos quienes a través de sus impuestos pagan esas vacunas. No son gratis. Ecuador pagará por ellas a los fabricantes con el dinero de todos. ¿Por qué no se les explica entonces a quienes hacen sus aportes cuánto costará cada dosis y a quién se le pagará exactamente? La credibilidad hay que ganársela. Más aún en un país con un historial hiriente de irregularidades.