La corrupción, literalmente, es parte del paisaje. Las vallas publicitarias irregulares que aún adornan la vista guayaquileña son la fiel evidencia de una administración municipal que maneja los recursos de los contribuyentes a su antojo, y nadie dice ni hace nada. La alcaldesa guarda silencio. Los concejales guardan silencio. La Defensoría del Pueblo guarda silencio. Es la pandemia del silencio que está contagiando hasta a los ciudadanos, quienes son fieles testigos, todos los días, de esas irregularidades al transitar por las calles de Guayaquil. Y como el caso vallas hay varios y en todas las ciudades del país.

Exigir, exigir, exigir, como se mencionó ayer en este mismo espacio, es un derecho de los ciudadanos. Pero también reaccionar, reaccionar y reaccionar es su obligación. Si los políticos y las autoridades hacen poco o nada, la obligación de los ciudadanos es actuar. Demandarles que reaccionen, primero, y si no lo hacen, actuar.

El término ‘contraloría social’ debe esparcirse por el país. El voto, aunque para algunos es un instrumento desprestigiado -y es una postura comprensible-, no deja de ser una de las pocas herramientas ciudadanas para responder a la indolencia e inacción de la clase política. Dejarse ver o no la cara por parte de las autoridades debe ser la primera decisión de todo ciudadano al levantarse, si se quiere cambiar el rumbo de las ciudades.