Tan apaleado y manoseado ha estado el sistema judicial en los últimos años que aún no logra despojarse de la sombra de duda que empaña sus decisiones. Sobre todo, las más polémicas. Sobre todo, las que afectan a las personas. En lo penal o en lo civil. Siempre que la libertad, la situación económica o la seguridad de un ciudadano está en manos de otra persona, un juez, aparecen voces discrepantes sobre la decisión tomada. Unas veces, con argumentos propios de quien se siente perjudicado, pero otras veces, con cuestionamientos que sin ser verificados, son verosímiles.

Está tan desgastado el marqueteado eslogan de la “persecución política” que hasta los ladrones de poca monta y sin historial político lo arguyen como pretendiendo quitar piso a las decisiones judiciales en su contra. Aún así, el mensaje puede terminar calando gota a gota y contaminando la percepción sobre el rol de la Justicia.

La mejor garantía para desvanecer cualquier intento de vincular las decisiones de los jueces con un ánimo vengativo pasa por tener un cuerpo judicial de talla. Irrefutable en conocimientos, pulcritud y experiencia que, sin lugar a dudas, se ciñan a las pruebas y que estas determinen sus pronunciamientos.