La administración de la justicia es el talón de Aquiles del Ecuador. Los cuestionamientos acerca de la calidad de magistrados, de su falta de sapiencia y conocimiento de la ley no son de ahora, pero perduran y alimentan el rechazo y desconfianza de la ciudadanía. Más aún, la falta de independencia, producto del constante manoseo político al que los jueces están sometidos por parte de otras instancias del Estado y de las presiones, tentaciones, amenazas y riesgos que rondan incesantemente a los jueces y fiscales, tienen enormes consecuencias. Las tareas de arbitrar litigios de toda suerte, desde los domésticos hasta los de los negocios; juzgar y sentenciar a todos los violadores de la ley, combatir la corrupción, penalizar la violencia de todo tipo y magnitud, no son, en consecuencia, cumplidas a cabalidad.

Hay, además, resistencia a vivir bajo el imperio de la ley, que es un concepto muy diferente al de tener muchas leyes, y ello debilita la institucionalidad. En el medio en el que aspiramos a vivir, el balance apropiado entre los poderes del Estado debe hallar el punto de equilibrio que enaltezca la coexistencia social, y ello demanda, lo reiteramos, una justicia independiente y proba.