No solo Rafael Correa tiene en juego su capital político en el juicio del caso Sobornos, que empezó esta semana y que ayer ya encontró su primer parón por la recusación al tribunal. También están sometidos a la lupa examinadora la Fiscalía, la Procuraduría y el sistema judicial.

El único resultado que se puede admitir al final del proceso es que la corrupción no quede impune, que las argucias legales para entrampar el avance de las diligencias no ganen la batalla final y que sean condenados quienes efectivamente hayan abusado de su posición de poder para enriquecerse, sin importarles el perjuicio generado al Estado, el cual, para no olvidarlo, son todos los ecuatorianos y sus contribuciones tributarias.

Solo es admisible que las penas sean acordes al daño creado, que no fue no únicamente en dinero, sino en la credibilidad de las instituciones y en la pérdida de oportunidades para el desarrollo nacional.

Por el juicio al caso Sobornos se medirá a la Fiscalía que, por el momento, apenas cuenta en su haber con la sentencia del caso Odebrecht -en el que la Procuraduría, hay que recordarlo, quedó fuera por llegar tarde- y con un sinfín de procesos e investigaciones abiertos y por abrir.

El ciudadano está mirando y tomando nota.