La trama de inversiones desvanecidas que afecta al Instituto de la Seguridad Social de la Policía no solo deja un agujero de más de 500 millones de dólares y una brecha en el efectivo control que deberían tener las instituciones encargadas. Además, queda en el trasfondo un dilema conceptual: ¿para qué está Isspolsi, finalmente, paga el Estado ante la desaparición de sus fondos?

Si el Estado responde, si el Estado paga y si el Estado garantiza los recursos -con el dinero de todos, recaudado a través de impuestos-, cobran fuerza los cuestionamientos a este tipo de figuras o entes que terminan fungiendo de intermediarias o de vehículos para la gestión de recursos o de prestaciones sociales.

Si la existencia de una cadena de funcionarios o entidades da pie a fugas de dinero o corrupción, entonces carece de sentido la misma institución. Ese planteamiento, basado en la práctica y en la eficacia, podría incluso extenderse a otras instituciones encargadas del manejo de las jubilaciones o de otras contribuciones que, en realidad, terminan requiriendo al Estado. Vista la experiencia, cuantas menos manos intervengan en la administración de capitales, menos espacio habrá para las irregularidades y menos posibilidades de que haya que cubrir los faltantes con aportes adicionales de los ecuatorianos.