Habría que investigar, como bien dice el presidente del país, el origen de su patrimonio para resolver cualquier inquietud que tenga la ciudadanía. Eso debería investigarse con respecto a él como con cualquier funcionario público. El asunto es averiguar si hubo alguna irregularidad o incoherencia. Pero el asunto hoy es otro.

Está todo el mundo concentrado en quién va a ponerse a indagar dentro de la Asamblea la información que pueda ofrecer el jefe de Estado. Como si importara. Esto es, como si lo que fuera a hacer el Legislativo -sea la comisión que sea- fuera a tener alguna consecuencia. Como si esa pugna entre predispuestos legisladores tuviera un trasfondo de lucha por la transparencia y no uno de distorsión. Como si alguna investigación, juicio político o solicitud de información desde ese estamento hubiera resultado alguna vez en un éxito. Entiéndase éxito por recuperación de dinero, depuración de corruptos, judicialización de casos irregulares...

Hay decenas de ejemplos -unos enérgicos, otros rutinarios- en los que el Legislativo ha abordado polémicas concernientes a políticos y ni uno solo ha abierto la vía para el resarcimiento o la sanción al protagonista de turno. No peleen, que no importa.