La confianza es un bien intangible en el servicio público y la ostenta quien ejerce la autoridad en forma eficiente y efectiva. No es el caso de Guayaquil, donde la idoneidad administrativa es una condición extinta. Hay carencia total de planificación territorial y por ello la expansión geográfica no tiene sentido de norte. El tráfico es caótico y los costos del desorden son tangibles, incluyendo la pérdida de tiempo que acumula ingentes pérdidas económicas cada día. El transporte público solo puede mostrar el dispendio de la Aerovía. La contaminación ambiental es marcada, hoy caracterizada por las pestilentes y céntricas lagunas de oxidación que agobian a áreas enteras mientras la calidad del agua, mal llamada potable, es un vector de insalubridad pública. Se anuncia un nuevo aeropuerto, pero ¿dónde están las vías alternas de acceso que resuelvan los problemas futuros de circulación? ¿Hay, finalmente, en carpeta las soluciones de largo plazo requeridas para defender a Guayaquil contra las futuras inundaciones producto del calentamiento global?

La calidad de vida está en caída libre y no es posible confiar en quienes ostentan la autoridad para guiar el progreso de la urbe y su zona de influencia.