Los actos delictivos que cada vez asombran más por la violencia y el desparpajo con que se asesina, y porque se dan a toda hora y en cualquier sector de las diferentes ciudades del país, en especial en Guayaquil, evidencian la gran debilidad del Gobierno central y de los gobiernos locales en el combate al crimen organizado. Esta debilidad radica, en parte, en que dentro de las instituciones dedicadas a luchar contra la inseguridad y la corrupción continúan ejerciendo funciones personas sobre las que hay grandes nubes de sospecha, en algunos casos incluso liderando comisiones o agrupaciones cuyo objetivo es erradicar la delincuencia. No pueden arremeter contra ella aquellos cuya gestión está en entredicho, o cuyo nivel de vida no puede justificarse con sus ingresos como servidores públicos. Tampoco quienes tienen un pasado cuestionado o poco transparente. La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos de justicia, amparada en normativas legales que favorecen el delinquir al permitir la impunidad.

Urge una depuración institucional exhaustiva en todos los ámbitos, gubernamental, jurídico, académico, de cuerpos colegiados y de la sociedad en todo su conjunto para rescatar al país.