Ineficiencia o mala estrategia
Cualquier dilación es censurable pero un retraso en la ejecución de lo presupuestado es injustificable...
En un país con graves urgencias sociales y económicas resulta inadmisible que el Estado permita que sus instituciones ‘ajusten su cinturón’ para frenar el flujo de recursos, por ley, ya presupuestados.
La pobre ejecución en áreas sedientas de obras, como salud, educación y seguridad, que en algunos casos no llega siquiera al 30 % cuando faltan apenas cuatro meses para que acabe el año, es una burla para los ecuatorianos que solo se entiende desde dos miradas: o se debe a la ineficiencia de autoridades que no hallan los mecanismos idóneos para priorizar la inversión, sin inmutarse ante la queja colectiva por la escasez de medicinas, escuelas en mal estado o una delincuencia desbordada; o responde a una mala estrategia gubernamental que pretende estirar sus cuentas fiscales para así justificar menores presupuestos para el año entrante. Cualquiera que sea la razón se traduce en un castigo al ciudadano, que lo condena a seguir aguantando deplorables servicios básicos.
El Gobierno tiene la obligación de retribuir a los contribuyentes el pago de impuestos con obras y servicios públicos que le garanticen una mejor calidad de vida. Cualquier dilación es censurable pero un retraso en la ejecución de lo presupuestado es injustificable cuando se cuenta con los recursos para hacerlo.
