Editoriales

Indefensos

El Defensor del Pueblo debe actuar sin demora y con efectividad ante estas denuncias.

En lo peor de la pandemia, el Gobierno anunció que el suministro de servicios básicos no sería cortado mientras dure la emergencia. La noticia dio tranquilidad a la ciudadanía que podría permanecer confinada sin preocuparse de tener que pagar luz, agua, etc.

Al decretarse el semáforo amarillo empezaron a llegar las planillas y también las sorpresas. Los valores a pagar en muchos casos denunciados superan el consumo histórico mensual de los afectados o incluyen rubros antes no cobrados (energía eléctrica y telefonía fija). En el caso de CNEL, la empresa indicó haber aplicado promedios de consumo para hacer los cálculos ante la imposibilidad de realizar las lecturas correspondientes. ¿La tecnología actual no permite obtener digitalmente esa información? A ello se suma la falta de provisión de agua potable en ciertos sectores de Guayaquil y de otros cantones de la provincia y del país, lo que imposibilita el lavado frecuente de manos necesario para prevenir el contagio. Por último, con la instauración del teletrabajo y la educación en línea, el servicio de internet empezó a evidenciar mala conectividad, con caídas intermitentes de la señal, sin que por ello haya rebajas o descuentos en la facturación. El Defensor del Pueblo debe actuar sin demora y con efectividad ante estas denuncias.