El amarillo trajo a Guayaquil una reactivación a medias. Permite a la ciudad -y al país- funcionar pero solo para sobrevivir. Todo lo que es considerado complementario y contingente está suspendido. Eso conduce a los ciudadanos, a las empresas y al sistema, en general, a una existencia limitada, que es insostenible en el tiempo. No resistirán los hogares ni los puestos de trabajo ni las empresas que generan ingresos. Pero nadie se inmuta.

Se declara que Guayaquil o que Quito o que cualquier ciudad pasa o se queda en amarillo. Y con eso, las autoridades ponen el visto en su lista de quehaceres. Y luego, en la vida real, fuera de los despachos y de los presuntos -y opacos- análisis de datos sanitarios, la delincuencia aprovecha las zonas oscuras y sin policías, el desempleo precariza la vida de las personas, las empresas cierran o despiden trabajadores, las familias agotan sus ingresos o ahorros... El tiempo pasa y la situación se agrava sin mayor reacción. A diferencia de otros países, como España, donde el malestar ciudadano se depura en las calles y no está reñido con las ganas de sobrevivir a la pandemia y al impacto de esta en las actividades. Aquí, las autoridades disponen sin que se sientan observadas, porque nadie discute, nadie cuestiona, nadie presiona en pro de una salida sostenible. Protegidos, pero activos.