La fragilidad de la democracia ecuatoriana
La ley se acomoda en función de aquello que los partidos con mejor organización, estructura y poder ‘persuasivo’ posicionan como lo que debe ser
En Ecuador todo se amolda a las necesidades coyunturales de la mayoría política dominante. La ley se acomoda, se estira, se tuerce, se reinterpreta en función de aquello que los partidos con mejor organización, estructura y poder ‘persuasivo’ posicionan como lo que debe ser. No importa que lo actuado no se ajuste a lo legal y que incluso pase por encima de la Constitución. Su contenido se distorsiona para, creativamente, sustentar sus arbitrarias decisiones. Así, cuando conviene prima el orden constitucional; cuando no, todo se define por el apoyo de la fuerza pública. Si es oportuno, se robustece a las Fuerzas Armadas, y si no les beneficia su recto desempeño, se las debilita e incluso se conspira para lograr su desintegración. Ya ocurrió durante el largo régimen dictatorial del mandatario que bajo apariencia de constitucionalidad metió la mano en la justicia, o que cada vez que creía amenazado su proyecto político daba de baja al mando militar. No es nueva tampoco la figura de la destitución, excepto por el mecanismo elegido para llevarla a cabo. Los expresidentes Bucaram y Mahuad fueron obligados a dejar el cargo simplemente quitándoles el apoyo del Ejército.
Para lograr un equilibrio, un sistema parlamentario que lleve al Ejecutivo a rendir cuentas constantemente merecería considerarse, a fin de apuntalar la frágil democracia ecuatoriana.
