Más de 200 exámenes de Contraloría. También decenas de indicios en investigación en Fiscalía. Es lo que anunciaron los entes encargados de fiscalizar y depurar los actos de corrupción a mitad de la pandemia por los casos de sobreprecios e irregularidades en las compras de insumos médicos en los hospitales públicos. Un comportamiento, por cierto, que salió a la luz por medios distintos a los oficiales. ¿Resultado de los meses de avances investigativos y judiciales? Ningún alto cargo. A lo sumo, han pasado a declarar o han salido del cargo. Pero el ciudadano sigue preguntándose cómo es posible que no haya un solo alto mando responsabilizado por las tramas -no es solo una- de abusos a los recursos de todos que se fraguan y se benefician durante años ante el silencio cómplice de autoridades que veían el ir y venir -o lo intuían- y se quedaron inmóviles.

Creerán los implicados que, con el tiempo, se calman los ánimos y todo se olvida. Se olvidan los detalles y los nombres y las pillerías, sí. Pero queda un poso para siempre en el imaginario de la ciudadanía: que todo el que tiene poder, lo aprovechará para enriquecerse, a costa incluso de la salud de todos. Por eso, los corruptos y los que simplemente toman distancia silenciosamente son parte de ese sistema perverso que agrieta a la democracia.