Una gran ola de repudio recorre la República frente al rumor persistente de un acuerdo que violenta las mejores promesas de la reciente campaña presidencial, uno de cuyos postulados era el de restaurar la ética pública. La gobernabilidad es necesaria y todo nuevo gobierno tiene no solo el derecho sino incluso la obligación de construirla pero, no al precio de garantizar la impunidad de los corruptos y peor todavía, pactando con ellos para obtener, teóricamente, una mayoría legislativa. Mal negocio político es ganar votos en la Asamblea Legislativa y perder la simpatía del caudal de electores que hicieron posible una victoria que le devolvió al Ecuador la esperanza de una nueva y ética manera de conducir el destino de la nación ecuatoriana. Es la adhesión del pueblo, cuando se gobierna en función de sus intereses, lo que determina la estabilidad de un régimen y esta se pierde cuando una de sus más respaldadas propuestas es violada impúdicamente.

Es de esperar entonces, que la cordura inspire los procedimientos de quienes hacen el nuevo gobierno y se descarte cualquier posibilidad de evidenciarlos como “enloquecidos por el poder”, reproduciendo las componendas de la vieja política, que se buscó desterrar para siempre en las urnas. Grave sería comenzar de tan mala manera.