Un funcionario público siempre debe tener un comportamiento ejemplar, más aún cuando ejerce un alto cargo, con amplia exposición mediática. Si fuese protagonista de un incidente violento y además infringiendo la ley, deberá asumir las consecuencias de sus actos, tanto en el ámbito legal como en el de la ética, pues una conducta de ese tipo es inconcebible e inaceptable en un ciudadano que se desempeña como autoridad y que por ello debe ser modelo de corrección y figura a imitar por parte de la sociedad.

Que el defensor del Pueblo en funciones y un exministro sean detenidos por la fuerza pública, en medio de un estado de excepción, por un hecho de violencia, aparentemente alcoholizados y con presuntas implicaciones de abuso sexual, exige sanciones severas; no bastará con presentar excusas o dar explicaciones. Y, de ser comprobadas todas las acusaciones, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo debería presentar inmediatamente su renuncia, pues estaría inhabilitado moralmente para ejercer la representación de la ciudadanía cuando esta vea amenazados o violentados sus derechos, mucho menos para protegerla, cuando ni siquiera respeta el orden legal vigente. La situación se agravaría de existir antecedentes judiciales. Es hora de rescatar la decencia en el Ecuador.