El pretexto del blindaje legal que le otorga el periodo electoral a los vocales del CNE se disipó, al menos la excusa relacionada al concurso de renovación parcial que permanecía estancado. Esa duda despejada por la Procuraduría destapó una olla que había permanecido en el congelador, con candidatos a consejeros electorales con una baja calificación en la fase de méritos y con otra diametralmente superior al solicitar la recalificación. Esto, por decir lo menos, es sospechoso.

¿Cómo es posible que existan casos de postulantes que obtuvieron 24 puntos sobre 50 en la fase de méritos y en la recalificación pasan a registrar 46 puntos sobre 50? O los quisieron perjudicar con la primera calificación o los quieren beneficiar con la segunda. Cualquiera que sea el caso, la duda ya está sentada.

No hay concurso de selección organizado por el CPCCS, ya sea del CNE, de la Defensoría Pública, del Pueblo o superintendencias que no salga salpicado con alguna irregularidad o al menos sospecha. La transparencia escasea. Sin ella, podrán ser ‘legales’ las designaciones que surjan de estos procesos, pero lejos estarán de ser legítimas. La mancha quedará y pesará sobre las gestiones de los seleccionados, como ya pesa sobre el concurso para renovar al CNE, ente que se supone debe cuidar la voluntad del pueblo.