La ministra de Trabajo puso el dedo en la llaga y EXPRESO lo expuso en blanco y negro. Los salarios dorados del sector público, al igual que la mano política en la Corte de Justicia del Guayas, eran un secreto a voces. El hueco fiscal y la necesidad de buscar dinero hasta por debajo de las piedras es lo que empuja al Gobierno a poner freno a los sueldos desproporcionados en empresas públicas. Si no fuera por esta urgencia fiscal, muy probablemente no se hubiese dicho nada y pasaría de agache, como en el resto de gobiernos. 

Que nadie en el sector público puede ganar más que el presidente de la República es la esencia del acuerdo ministerial. Que el sueldo presidencial sea el tope referencial para fijar las remuneraciones de los servidores públicos puede resultar efectivo para tareas ejecutivo-administrativas o sus similares en empresas públicas, instituciones y gobiernos locales. 

Pero vale la pena preguntarse, ya que se abrió el debate, ¿sería justo que la fiscal general, que está encarando una pelea feroz contra las mafias de la narcopolítica, y que enfrenta por ello un altísimo riesgo, gane igual o menos que el presidente?

Lo que sí está claro es que un jefe de Tesorería o un odontólogo del sector público no pueden recibir la misma remuneración que el primer mandatario. Es momento de sincerar los salarios del sector público, por coherencia y por la salud fiscal del país.