En un estado de emergencia como el que vivimos, no es justo que la ciudadanía y, sobre todo los más vulnerables, tengan que pagar la factura. La propuesta de incrementar el IVA del 12 % al 15 % es una solución parche inmediata y quizás la más segura para garantizar los dólares que el país requiere, pero no la más oportuna ni eficiente. No cuando existen alternativas de financiarse que el Gobierno toca, o siquiera da señales de haber considerado aplicarlas.

Los asambleístas debaten la propuesta, mientras el pueblo empieza a hacer cuentas sobre los centavos y dólares adicionales que tendrá que agregar a su presupuesto para comprar bienes y servicios, midiendo futuras compras. Es que sin duda es una medida que de ser aprobada trae consigo el riesgo de afectar el ya alicaído consumo de hogares, resintiendo aún más la economía.

Hoy se pide a los ciudadanos hacer este nuevo sacrificio económico pero, ¿qué hay de las iniciativas que debería empezar a promover el propio Gobierno y que, bien aplicadas, serían también una garantía eficiente de más recursos? Seguimos esperando una política seria y decidida de focalización de subsidios, propuestas sobre cómo reducir el gasto público improductivo y la mano dura que debería tener el Estado con aquellos que no pagan los impuestos que deben. De eso no se dice nada.