Las dificultades y cuestionamientos que giran en torno al cierre del bloque 43-ITT dejan una gran lección. Hablan de la cautela y la prolijidad que hay que tener con lo que se aprueba en las consultas populares por lo complejo que resulta luego irse en contra y revertir un dictamen del pueblo. Tomar una decisión como esta en medio de una coyuntura política y no acompañarla de un análisis técnico ha desencadenado graves problemas en la crítica situación que vivimos. Es lo que, en definitiva, está obligando al Poder Ejecutivo a contemplar la idea de aplicar una moratoria a la explotación. Lo contrario es cerrar una llave importante de financiamiento en medio de una guerra armada interna y una abultada crisis fiscal.

Ecuador tiene la deuda de impulsar una transición energética amigable con el ambiente, y aunque debería tener ya bases sólidas de este proceso, la emergencia actual debe obligarnos a iniciar un replanteamiento. Hoy es poco oportuno dar la espalda a una fuente rica en recursos que representa el 11 % de toda la industria nacional petrolera. Por ello es prudente analizar objetivamente la prórroga que propondría el Gobierno. Según expertos jurídicos existen vías legales para hacerlo sin que se afecte la democracia, desde volver a introducir el tema en la próxima consulta popular hasta aplicar reformas en los tiempos de cierre, con ayuda de la Corte Constitucional.