El gobierno de Ecuador acaba de ratificar su compromiso con los principios de libre expresión en América como sustento de la democracia, pero hay que recordar a las autoridades que los actos protocolarios y las firmas de intención de nada sirven si esa defensa termina siendo un saludo a la bandera. Sobre todo si en el país sigue habiendo periodistas que son cuestionados o amedrentados por hacer su labor o si tienen que esperar meses para que algún funcionario brinde información o dé alguna entrevista.

Suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta debe implicar un compromiso que vaya más allá de no censurar y cerrar redacciones, su esencia radica en el respaldo y protección que deben tener los profesionales que, en un contexto de violencia, se llenan de valentía para desvelar temas de corrupción y narcotráfico. Implica también la transparencia y apertura que los funcionarios de los ministerios, alcaldías y prefecturas, así como los asambleístas, deben tener con los medios cuando su gestión está siendo señalada. Pero no solo eso. La defensa también debe involucrar la reivindicación de este oficio, y esa tarea recae no solo en periodistas sino en los propios medios, que no deben dejarse avasallar ante la primera amenaza de quienes se investiga. Si lo anterior no se aplica, las declaratorias y el trabajo de gremios que se ufanan de defender a la prensa terminan siendo una farsa.