El discurso oficial de que existe una disminución de la inseguridad en el país debe pasar de la teoría a la práctica para que haya el convencimiento de que es verdadera y no fruto de la imaginación de quienes viven en una realidad paralela de un Ecuador en paz, cuando sigue el desangre por la guerra interna.

Los asesinatos de policías, militares y autoridades locales en los cantones costeros con mayores índices de criminalidad del territorio nacional, cuando se está acercando el fin del estado de excepción y toque de queda, hacen presumir lo que ocurrirá cuando estos terminen, porque este tipo de decisiones no pueden ser indefinidas ni corresponden únicamente al Ejecutivo, sino que involucran al Legislativo y a la Corte Constitucional.

El poder político debe tener claro que la existencia de un conflicto armado obliga no solo a la aplicación de medidas disuasivas y de represión, sino a otras en las que deben intervenir muchos actores, nacionales y locales, entre ellos, los jueces y fiscales que integran el órgano jurisdiccional del país.

No puede haber seguridad ciudadana ni justicia en el Ecuador si no existe un férreo combate a la infiltración criminal y a la corrupción en todos los estamentos del Estado, incluidos los municipales.

La depuración es urgente.