Quienes ingresen a la función pública -sea por nombramiento, empleo o por elección- deben haber pasado el control previo de información sobre antecedentes. Es una tarea de control que demanda que el empleador, el Gobierno en este caso, pueda emplear a los más capaces e idóneos. No es tarea para las redes sociales o para los medios la de ejercer control previo respecto de si, por ejemplo, la designación recae sobre una persona que ha incumplido sus obligaciones tributarias consecuentes con la estación en la vida que ocupa. Es un requerimiento para sanear al Estado de tanto oportunista que merodea alrededor del poder.

Por su parte, el SRI debe ir más allá de anuncios altisonantes como el de afirmar que en cien días ha logrado tener la información de las cuentas externas de los ciudadanos, ¡haciendo sonar como delito algo que no lo es! Entretanto, la elusión y evasión tributaria siguen campantes y dan ocasionalmente paso a los “negocios entre privados” que saltan al interior de la autoridad tributaria.

El amiguismo en los nombramientos, el sensacionalismo político y la permisividad para que elementos descalificados hagan de las suyas deben terminar si el país va a cambiar.