Una organización delictiva ha causado heridas profundas al mercado de valores ecuatoriano, cuyas consecuencias aún no asoman por completo. El uso de los dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) para realizar operaciones internacionales y locales al margen de la ley, si bien se presenta como el caso más desgarrador de esta trama, no es el único esquema trazado para delinquir.

El uso de empresas relacionadas para simular e inflar facturaciones y obtener con ello dinero de los inversionistas, es el factor común en algunas operaciones con facturas comerciales y obligaciones de corto y largo plazo. Ya están saliendo a luz incumplimientos de algunas de estas compañías. Se suma a ello, el socavado piso del Depósito Centralizado de Liquidación y Compensación de Valores (Decevale) que, se sabe, actuó en contubernio para favorecer a funcionarios y cuestionados inversores, con la complicidad de la Bolsa.

El nuevo Gobierno tendrá la tarea de depurar un mercado que vive su propia pandemia, la de la corrupción, y buscar esquemas más modernos de desarrollo bursátil, como existen en los países del primer mundo, donde la mano del hombre ha sido suplantada por la tecnología: ya la Bolsa cabe en el teléfono.