Los especialistas en establecer las zonas urbanas en que los delitos contra las personas o su propiedades son más frecuentes, dejan saber que ahora grandes sectores de Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule están tomados por los delincuentes. No hay barrios malos, donde cabe evitar asistir; todo el Gran Guayaquil es un “barrio malo”. Asaltan a las personas y a los domicilios de día y de noche.

No puede ser entonces que luego del confinamiento a que se estuvo sometido con motivo de la pandemia de COVID-19, ahora tengamos que permanecer encerrados en los domicilios en razón del miedo a salir y ser asaltado.

Conociendo de las deficiencias numéricas de la Policía, bien haría esta en organizar al vecindario en juntas de ciudadanos que puedan socorrer oportunamente a las víctimas y establecer la voz de alarma destinada a que el delito no prospere. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se acepte como natural un estado de indefensión que limita la convivencia armónica y frena la posibilidad de avanzar en la tan anhelada reactivación económica luego de un gran periodo de parálisis.

El Gobierno no puede ser mero espectador de la situación. Tiene la obligación de actuar en defensa de la vida y la propiedad del conglomerado, antes que este decida armarse y actuar con mano propia.