En el arduo combate contra la corrupción, plaga pública que de larga data tiene muy afectado al Ecuador, una medida trascendente es la certeza de la sanción. Lamentablemente, y el hecho estimula la comisión de los delitos, la certeza de impunidad es lo dominante. Trátese de la lenidad de los jueces, la manipulación de la administración de justicia o la saturación de la capacidad resolutiva, el hecho cierto es que de corrupción se habla mucho pero se sanciona poco. 

A la fecha, atendiendo al factor saturación, se sabe que a partir de la última década se han acumulado 5.400 expedientes de corrupción vinculados a empleados públicos que no tiene fuero de Corte. Esos casos los manejan cinco fiscales, de modo que cada uno debe atender 1.080 causas. Para los funcionarios con fuero de Corte se cuenta con seis fiscales especializados que manejan un promedio de 23 casos cada uno. Por ello, simplificando, es imperativo dar cumplimiento al anuncio de la fiscal general al posesionarse de su cargo en abril del año recién pasado: contratar nuevos fiscales.

Mientras tanto, el hecho cierto es que, dada la crisis económica, el presupuesto asignado a la Fiscalía General ha seguido reduciéndose. Si no se toman pronto medidas correctivas, la lucha contra la corrupción seguirá siendo un eslogan.