A la hora de cobrar impuestos, todas las autoridades dicen públicamente que hacen falta ingresos para las arcas públicas. A la hora de informar sobre decomisos, todas las autoridades sacan pecho y anotan las cifras de toneladas. Pero a la hora de ir al origen del contrabando, que está enraizado y estructurado en el Estado, ahí todos callan. Los delincuentes, obviamente. Pero los que están a cargo de los entes por donde se filtran las mercancías o en donde se hacen de la vista gorda, ¿esos por qué callan? Dos posibilidades retumban en ese silencio:o son parte del negocio o son tan incapaces en su cargo que, entonces, no deberían estar ahí. La prensa no sabe la respuesta porque silencio es lo que reciben los periodistas cuando se pregunta por las medidas para depurar y atajar las redes de contrabando que afectan a las arcas del Estado -por los impuestos no cobrados- y también al sector productivo que enfrenta competencia desleal.

Lo más sorprendente de ese mutismo es cuando procede de quienes han pedido hacerse cargo de la competencia aduanera. O sea, de cara a la galería, están interesados en mantener su influencia en esa gestión hasta cuando son ascendidos; pero a la hora de pronunciarse sobre las acciones de control ese ímpetu de control queda acallado. Da para pensar.