Concesionar la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva no es una idea descabellada. La anunció el alcalde de Quito. Las dos arterias tienen altos costos de mantenimiento y una enorme incidencia de accidentes, especialmente la Simón Bolívar, donde casi a diario se producen colisiones que paralizan la movilidad en el flanco oriental de la ciudad. El exceso de velocidad, la falta de educación vial y de iluminación, entre otros motivos, ocasionan accidentes que cuestan vidas y perturban la conectividad de la urbe. Si un operador tiene la responsabilidad de mantenerlas adecuadamente y de promover el “uso inteligente del auto”, como dijo el alcalde, el uso de estas dos vías podría mejorar para el bien de todos.

Sin embargo, la iniciativa es un desafío conceptual para el alcalde. Durante años, cualquier iniciativa de concesión de servicios ha sido vista por su movimiento político como una condenable política neoliberal. Célebre fue, por ejemplo, la oposición de ese movimiento al uso de una empresa privada de las instalaciones de una antigua cervecería al sur de Quito. Si el nuevo alcalde logra concretar esta idea, estaría sentando un precedente positivo para el debate nacional sobre la participación del sector privado en la concesión de bienes públicos.