No al caos y la paralización
Los ecuatorianos somos responsables por quedarnos callados ante una dirigencia indígena, que cree tener patente de corso para caotizar el país
El mero anuncio de una movilización indígena, que amenaza con desestabilizar nuevamente la democracia y caotizar al país como ocurrió en el 2019 y el 2022, debe tener una contundente respuesta de rechazo por parte de la sociedad, porque no puede permitirse que la soberbia de un dirigente atropelle los derechos de todos. Suficiente preocupación tiene la población con la inseguridad reinante y con los constantes daños viales que aíslan a las provincias y ahuyentan a los turistas como para tolerar una paralización de actividades que tendrá como consecuencia directa más pobreza y desasosiego. Las autoridades locales y las cámaras de la producción no pueden seguir quedándose calladas ante la convocatoria a un levantamiento que, como los anteriores, provocará enormes daños a la propiedad pública y privada, con letales consecuencias para la economía por las descomunales pérdidas que se generan, incluso en las comunidades indígenas, que ven cómo se pierden en sus huertos los productos que deberían vender en los mercados. La Fiscalía también tiene que actuar contra las acciones ilegales de quienes paralizan los servicios públicos y generan el caos.
Los ecuatorianos no pueden seguir pagando el costo de las protestas. El país no aguanta más paros para satisfacer egos personales e intereses políticos de quienes no consiguieron el poder a través de las urnas.
