Con las candidaturas ya circulando, los aspirantes a presidir la nación no pueden someter a su presunto electorado solo a las ofertas que se les ocurra. Primero, porque difícilmente el pueblo se las cree (tanto se lo ha engañado). Y también porque es derecho de los ciudadanos inquirir, a quien quiere representarlo, respecto a las inquietudes que más lo motivan, por sentirlas en carne propia.

Así, el solo prometer y realizar presentaciones “asépticas”, preelaboradas, no tiene sentido con las nociones más elementales de, tal cual se busca, una democracia participativa, mejor todavía, deliberativa.

Por eso, los medios de comunicación colectiva no pueden ser utilizados exclusivamente como balcón del pretendiente a una oficina en el palacio de Carondelet. Antes, es su obligación manifestar complacencia con quienes deseen conocer su manera de entender y resolver las dudas y problemas que se les plantee, directamente o con la intermediación de los comunicadores sociales. Hay que terminar con el negativo “mándeme las preguntas por escrito” y contestar únicamente aquellas con las que se siente cómodo.

Garantizando el debido respeto, los medios tienen que exigir los pronunciamientos que sus lectores demandan. Ese es uno de sus fines fundamentales: orientar debidamente la opinión pública.