Los ecuatorianos fuimos testigos de otro episodio de incapacidad que raya en negligencia culposa y compromete a los asambleístas (que ya culminaron su periodo legislativo) que produjeron el informe sobre la estafa perpetrada contra el seguro social de la Policía Nacional. Les tomó ocho meses presentar un trabajo que constituye una burla a la sociedad pues no abona en nada para el trabajo de la Fiscalía. Debieron investigar prolijamente cómo se fraguó la estafa e identificar a los autores, cómplices y encubridores; estudiar los mecanismos utilizados para sustraer centenas de millones de dólares de ahorro de los policías; y establecer claramente las violaciones a la ley, reglamentos y regulaciones, así como la inobservancia de las normas de cumplimiento en la cadena de decisiones. Debieron proponer reformas legales e institucionales y buscar proactivamente el apoyo de las autoridades regulatorias y la justicia americanas, y no simplemente esperar que alguien más les “dé haciendo” lo que a ellos les correspondía en el desempeño de su función legislativa.

La falta de diligencia es inaceptable. El atraco compromete la integridad de los mercados de valores, amén del perjuicio a decenas de miles de ciudadanos cuyas vidas y hogares corren el riesgo de ruina total.