Los audios que revelan una conversación telefónica entre un expresidente de la República y uno de los dos israelíes detenidos para investigar la venta de insumos médicos en Guayaquil, que fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral la mañana del sábado pasado, evidencian las fisuras que existen en los sistemas judicial y penitenciario.

Estos diálogos, que se hicieron públicos ayer en redes sociales, se centran en promesas para que un abogado del exmandatario asista legalmente al detenido, así como en una supuesta injerencia política en los tribunales de la Nación como un claro intento de obstruir a la justicia. El hecho debe ser aclarado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, en vista de que el fallecido era un testigo protegido que no debía tener contacto externo. Los colegios de abogados, así como la clase política ecuatoriana, deben pronunciarse ante un escándalo que aumenta las dudas sobre cómo se manejan los procesos en un país donde los reos se masacran a vista y paciencia de las autoridades. Su silencio será la prueba de que la cirugía contra la corrupción es solo un vacío discurso populista.