La desaforada corrupción de estos últimos meses tiene entre otras ausencias vinculadas a la fiscalización de los dineros públicos, la de la Asamblea Nacional. Salvo excepciones, dicho cuerpo legislativo a medias cumple esa función.

Así, con impunidad garantizada, los pillos se vuelven más audaces que nunca y los administradores de cualquier cosa ajena a la provisión de insumos médicos se vuelven redundantes proveedores de los mismos con enorme sobreprecio que permite pensar que esa ganancia ilícita es tan alta porque tiene que repartirse.

Si ya es grave que se sustraigan fondos públicos en épocas de relativa “normalidad”, resulta criminal e imperdonable que se haga durante una incontrolada pandemia que tanto dolor está causando a los ecuatorianos. 

El asunto se vuelve tan complejo que involucra hasta hospitales de la Policía, y en estos días registran sobreprecios los paquetes de alimentos que distribuye la Secretaría de Gestión de Riesgo.

Es evidente que la Asamblea Nacional no está cumpliendo con su rol fiscalizador y que frente a hechos como los mencionados tiene un gran trabajo que hacer; sobre todo para desvirtuar que son algunos legisladores los cómplices más directos de estos asaltos a los fondos públicos.