La amnistía del registro de deudores para quienes tienen obligaciones impagas o pendientes de hasta $1.000 es, más allá del golpe de efecto y el cumplimiento de una oferta de campaña, un evento de respiro financiero que guarda concordancia con la situación del grueso de los hogares ecuatorianos y pequeñas empresas asediadas por la pérdida de ingresos, los efectos nocivos de la pandemia, y el desempleo masivo que afecta a la fuerza laboral.

La iniciativa complementa a la vacunación, pues marca el camino hacia la recuperación progresiva de la economía al remover uno de los obstáculos para la obtención de pequeños créditos, la calificación para determinados trabajos y la restauración de la esperanza de que, por fin, se pueden visualizar luces de buena guía al final del túnel.

La medida tiene efectos colaterales de equidad, pues atiende a los más vulnerables y numerosos.

A las instituciones financieras, igualmente, les permite limpiar balances, limitar el desangre de las reversiones y provisiones y poner en orden la casa.

No se extingue las deudas ni se cierra la central de riesgo, cuya información es requerida para poder tomar riesgos informados. Es, por lo tanto, una medida inteligente.