La obra pública debe satisfacer las necesidades de la comunidad, favorecer su desarrollo y resolver problemas. Y por lo tanto, producir beneficios para todos, procurando que no existan grupos ciudadanos que resulten afectados.

La Metrovía surgió como solución a la falta de transporte público masivo, ordenado y eficiente para Guayaquil. Pero la ubicación de sus estaciones y vías de circulación ha generado molestias a quienes habitan en las calles por donde pasan los buses, y serias afectaciones a aquellos que tienen allí sus comercios. 

Las propiedades se han depreciado y se ha deprimido la actividad económica. Si el escaso ancho de las calles impedía ubicar el carril de circulación y las estaciones en el centro de la vía, se debió recurrir a una figura legal que permita obtener el espacio necesario derribando inmuebles e indemnizando a sus propietarios. Y otro problema es el de la saturación de esas calles con buses que emanan gases tóxicos que causan daños a la salud de los residentes. 

Es preciso compensar la afectación generada de algún modo efectivo, y evitar que nuevos proyectos ocasionen molestias (económicas, de contaminación o de invasión de la privacidad) a quienes habitan o trabajan en las áreas donde la obra pública se levantará. No puede incurrirse en los mismos errores con la construcción de la Aerovía.