Bernardo Tobar Carrión | Insaciables
Cómo le ahorramos al contribuyente recursos que financian un Estado tan inoperante como sus tentáculos autónomos
Estos días conoce la Asamblea el proyecto de ley urgente para la eficiencia de los GAD –‘Proyecto’-, que condiciona la participación de éstos en el presupuesto general del Estado -según el Cootad, 21 % de ingresos permanentes y 10 % de los no permanentes- al cumplimiento de una ejecución mínima de inversiones sobre el presupuesto total del gobierno autónomo en cuestión. La intención es plausible; la redacción, no tanto.
El Proyecto busca penalizar al gobierno que no llegue a cierto umbral de inversión, pero lo hace modificando una norma que se refiere a la participación conjunta de los GAD. La desconexión lógica abre dos interpretaciones posibles, la que castigaría a todos con una participación reducida debido al incumplimiento de algunos, que habría que desechar por absurda, y la que, en aras de salvar el espíritu del Proyecto, apuntaría a que el mínimo constitucional al que remite se aplicaría únicamente al gobierno incumplido, mínimo que es de 15 % de los ingresos permanentes y 5 % de los no permanentes.
Esta lectura, inevitable sin una reformulación del texto, premiaría a los gobiernos ineficientes con una garantía que la Constitución no contempla, pues el 15-5 es la participación colectiva de los GAD, no un límite mínimo de distribución individual, cuestión que en la norma constitucional sigue el criterio de justicia distributiva -población, necesidades, logros-. Dicho de otro modo, hoy es posible, sin infracción constitucional, que un gobierno autónomo reciba proporcionalmente menos que el 15-5, posibilidad que el Proyecto anula.
La cuestión de fondo, sin embargo, es que sin un cambio de visión en la lógica intervencionista, sin limitar la interferencia oficial en la órbita privada, no habrá reducción presupuestaria. Se ataca la consecuencia sin modificar la causa, porque en materia de eficiencias del sector público nadie le consulta ni le rinde cuentas al contribuyente, que paga la factura y termina convertido, paradójicamente, en la víctima principal de un entramado normativo plagado de procesos y trámites interminables e innecesarios, y de una burocracia que los administra, insaciable en su apetito de control. Celebro que un GAD ineficiente obtenga menos presupuesto -aunque mejor sería que se extinga-. Con la misma lógica me pregunto cómo le ahorramos al contribuyente recursos que financian un Estado tan inoperante como sus tentáculos autónomos.