Las obras públicas deben beneficiar a toda la población, sin distinciones de ningún tipo. Y solo se debe autorizar la obra privada cuando esta cumpla los parámetros que garanticen una buena calidad de vida para la ciudadanía. Sin embargo la realidad en Ecuador es otra.

En el caso específico de Guayaquil, se están publicitando importantes desarrollos inmobiliarios privados en la zona de Puerto Santa Ana, que congestionarán aún más ese sector de la ciudad, donde ya en la actualidad escasean tanto el parqueo público como las áreas verdes. Al incrementarse la densidad poblacional con los habitantes que alojarán los altos edificios que allí se construirán, aumentará el tráfico peatonal y vehicular, dando lugar a más embotellamientos en las calles aledañas, que resultarán estrechas por el mayor número de residentes y visitantes. A su vez, no se tiene conocimiento de que se haya destinado a parque alguna superficie considerable que satisfaga las necesidades de verdor y espacio público, atendiendo a los estándares de bienestar establecidos internacionalmente.

Asimismo, en la vía a Engabao, el asfalto llega solo hasta la altura de un desarrollo turístico privado, y no hasta el poblado costero.

Municipalidades y prefecturas deben practicar la legalidad, la equidad y la justicia.