Diez años atrás, Guayaquil estaba ya advertida. En el año 2013, un estudio que se publicó en la revista Nature comparó las pérdidas económicas de las 136 ciudades costeras del mundo que superan el millón de habitantes y la ubicó a Guayaquil como la tercera ciudad (después de Cantón en la China y Nueva Orleáns en los Estados Unidos) cuya economía sufrirá en una mayor medida por las inundaciones producto del cambio climático. Con un escenario conservador de la elevación del nivel del mar (apenas 20 cms.), las pérdidas de Guayaquil para el año 2050 se calculan superiores a los 3.000 millones de dólares.

Por supuesto, si se adoptan medidas adecuadas y eficaces, el daño económico a la ciudad se podría atenuar de manera significativa. Pero si no se adoptan medidas, el informe del 2013 indica que ello “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas” para la ciudad.

Cuatro años después, la Corporación Andina de Fomento (CAF) publicó el informe “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil”. Este informe aterrizó las consecuencias de las inundaciones para la ciudad y encontró que existe en Guayaquil “un gran número de hot spots, es decir, complejos industriales, comerciales, educacionales y de salud, localizados en zonas a riesgo de inundación”.

Para mitigar los daños, en este informe del 2017 los expertos le presentaron a las autoridades de Guayaquil una serie de medidas adecuadas y eficaces para enfrentar los efectos de las inundaciones (medidas para reforzar la capacidad adaptativa y medidas de adaptación verdes, híbridas y grises), con un nivel de detalle importante: la justificación de cada medida, su alcance, objetivos y finalidad, el potencial, los costos estimados y la duración prevista, además de un análisis de las oportunidades y barreras para su implementación.

Pero pasaron seis años y dos administradores socialcristianos (Nebot y Viteri) y nada se hizo para cumplir con las medidas propuestas en el informe de los expertos de la CAF.

Y peor que no haber hecho nada para adoptar las medidas de adaptación propuestas por los expertos de la CAF es que se haya implementado en Guayaquil, por tanto tiempo, el exacto contrario de lo que se debía hacer para prevenir las inundaciones.

Por décadas, las administraciones municipales de Guayaquil (esto incluye, por supuesto, treinta años de socialcristianismo) han favorecido un crecimiento urbano horizontal, gris e impermeable, con tala del manglar y relleno de los esteros, sin árboles ni áreas verdes. Y esto fue así, claro, para beneficio del negocio de la construcción. Beneficio de unos pocos, perjuicios para la mayoría.

Una ciudad construida con este tamaño desprecio por la naturaleza hace que, cuando hay inundaciones, el agua se acumule y cause daño a las propiedades y a las personas. De no tomar medidas, estos daños serán cada vez más recurrentes e intensos.

A punta de inconsciencia y codicia, Guayaquil es firme candidata a su auto-destrucción.

La nueva alcaldía de Aquiles Álvarez tiene la gran oportunidad de empezar a aplicar las recomendaciones de los expertos. Ha llegado el momento de tomar a Guayaquil en serio y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la ciudad.