La llegada de Fausto Cobo a manejar las cárceles de Ecuador es una oportunidad para cambiar un sistema fracasado. Pocos como él tienen por un lado formación militar y de inteligencia (alcanzó el grado de Coronel del Ejército y se desempeñó como director de la Academia de Guerra) y, por otro, la dura experiencia de haber sido un preso, un preso político, declarado finalmente inocente, pero habiendo pagado una sanción injusta de largos meses en el expenal García Moreno de Quito y luego en la llamada cárcel 4.

Aun siendo un recio coronel de ‘pocas pulgas’, se le nublan los ojos al recordar la dura experiencia carcelaria ¨sin privilegios¨, apunta, que enfrentó junto al expresidente Lucio Gutiérrez y su hermano Gilmar, cuando decidieron entregarse a la justicia y dar la cara para enfrentar las acusaciones de atentar contra la seguridad del estado.

Cobo había sido fundador de Sociedad Patriótica y fue parte del Gobierno de Gutiérrez. Años después dejaría el partido y se uniría al movimiento que apoyaba a Guillermo Lasso en sus intentos por llegar al poder. Por CREO, había sido parlamentario andino en el anterior período de la Asamblea. Este 22 de julio estaba en su casa enterándose de las nuevas matanzas en las cárceles cuando recibió la llamada del jefe de Estado decidido a declarar la emergencia en el sistema penitenciario y nombrarlo director del SNAI, Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad.

¨Si antes pensaba que la cárcel se parecía al infierno, ahora sé que lo es... lo que he visto no tiene nombre¨. Lo describe a medias, bajando la cabeza, como si tuviera vergüenza de contarlo: cuerpos mutilados, rostros abiertos, huesos volados y más. Pero enseguida se sobrepone y dice que no van a permitir que un grupo minoritario, de alrededor del 7 % de los casi 40 mil reos, mantenga en vilo al país. Explica que son como unos 120 cabecillas de múltiples bandas, ya identificados, y que deben ser tratados con mano dura y sin privilegios.

En una de las celdas que visitó en la cárcel de Latacunga, perteneciente a un líder de la ‘banda de los lobos’, comprobó que tenía agua, corriente, internet 24 horas, colchón ortopédico y otros beneficios que no tienen los propios policías que custodian la prisión.

El operativo con cientos de uniformados para vaciar de armas las celdas, lo lideró él y, al parecer, no tenía miedo. Se dio cuenta de que los presos estaban mezclados, sin separaciones por mínima o máxima peligrosidad.

El presidente Lasso decretó el estado de emergencia y anunció una polémica iniciativa que permitiría excarcelar a unos 5.000 reos vía beneficios penitenciarios. Es decir, los que hayan cumplido entre el 40 y 60 % de su condena y tengan buen comportamiento. A ellos podrían sumarse unos tres mil extranjeros que serían repatriados con el consentimiento de sus países de origen.

Cobo ha dejado claro que los jueces tendrán la última palabra en las listas de beneficiarios… No revela, en cambio, qué pasará con ese 7 % de reos considerados violentos y peligrosos, que dirigen homicidios, delitos y más desde la prisión. Por estrategia no dice qué hará: “ya sabrán”.

Su urgencia ahora es recibir el decreto ejecutivo para instalar el organismo técnico del sistema de rehabilitación social que, aunque existe, nunca ha sido integrado oficialmente y del cual forman parte ocho instituciones, entre ellas los ministerios de Salud, Educación, Cultura, Trabajo y Deportes. Este organismo viabilizará los beneficios carcelarios de prelibertad.

No sé si todo esto será posible, pero al menos escucharlo es esperanzador. Dos años de estados de emergencia en las cárceles no las cambiaron. ¿Ahora? Quién sabe. Por lo menos se está optando por planes diferentes… Ya sabemos lo que decían los sabios: no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo.