Sophia Forneris | Entre justicia y perdón

En la última semana Ecuador ha sido testigo de nuevos diálogos y tensiones entre el Gobierno y los movimientos indígenas. Aunque la causa inmediata responde a la eliminación del subsidio al diésel, lo cierto es que este conflicto refleja un dilema más profundo. Se trata de un sector de ciudadanos que durante años no ha sentido el respaldo de quienes deberían velar por sus intereses y ha quedado marginado en las zonas rurales del país.

En este escenario, la palabra ‘reconciliación’ aparece como una meta necesaria, pero también compleja, que exige mirar más allá de lo inmediato y pensar en los vínculos que sostienen -o fracturan- a nuestra comunidad.

La reconciliación, para ser efectiva, debe abordar dos dimensiones básicas: afiliación y autonomía. La afiliación se refiere al grado de conexión emocional que un individuo siente al estar incluido dentro de la estructura social de un gobierno. No se trata de que todos estén de acuerdo con los delegados electos, sino de que exista la certeza de que, aun con diferencias, quienes ocupan el poder trabajan por el bienestar colectivo. La autonomía, en cambio, plantea otra inquietud: ¿tenemos la capacidad de expresarnos libremente, sin sentirnos presionados por fuerzas mayores? Para avanzar hacia la reconciliación es indispensable garantizar la libertad de opinión y participación, de modo que ningún ciudadano se sienta manipulado para ‘contribuir’ con los sistemas políticos, económicos o legales, sino que lo haga desde la convicción.

¿Entonces, cuál es la solución? ¿Debe la sociedad conceder amnistía a los perpetradores de violencia y garantizarles espacios de poder? ¿O, por el contrario, aplicar medidas punitivas que afiancen una justicia dura, aun a costa de debilitar la afiliación entre distintos grupos? Ese es el dilema de la reconciliación: no existe un punto final definitivo. Al final, la salida más clara no está en escoger entre el perdón absoluto o la sanción implacable, sino en diseñar un proceso de justicia restaurativa: uno que combine reconocimiento del daño, reparación simbólica y compromisos verificables. Es crucial para poder empezar a sanar, ver nuestra comunidad como una y no dejar que la diversidad nos fragmente.