Es viernes y el cuerpo pide hablar de otra cosa que no sea política, economía o crisis. Hablemos de la música. No de la que como dice Residente te nutre, sino de la comida basuramusical. Ese placer culpable inconfesable en conversaciones de postín que, sin embargo, te provoca los pies un día como hoy. Hablemos del derecho al perreo.

En Ecuador no hay derecho. Con esos precios que marcan para los conciertos de los ídolos del reguetón, con esa escasez de oferta musical y con esa muy cuestionable forma de poner a la venta las entradas, nos han robado el derecho al perreo. No hay quien consiga un pase para una lujosa -por lo elevado del costo- tarde-noche en la que librarse un rato de las encorsetadas maneras de la jornada lectiva. Este espacio habla por todos los que se quedaron fuera del estadio en Quito y en Guayaquil en las esperadas fechas de visitas del 2022. Con paciencia y prudencia, transcurrieron los dos años de parón por la pandemia y, ahora, decretada la vuelta a la normalidad, trae consigo las mismas limitaciones de la realidad antes del covid.

Ya salieron a justificarse -en unos modos muy cargados de soberbia- que la organización de un concierto es un acto privado. Será un negocio privado, pero es un evento público. Público y masivo. Sin público, de hecho, no hay evento.

O no es precisamente el poder de convocatoria de cada país lo que determina -junto a los intereses comerciales del artista, claro- que se presenten en uno u otro punto.

Tanto se extraña que Ecuador tenga unas organizaciones de consumidores fuertes y diligentes, como las que hay en otros países, como se echaban de menos los conciertos y eventos musicales en el confinamiento. Tanta falta hacen para contener los abusos de los organizadores.

El derecho al perreo no debería ser elitista ni costar una cuarta parte del salario básico. Pero así es la realidad. Si no se respetan otros derechos fundamentales, quién va a salir a defender algo tan banal como esto.