El desmantelamiento de los grupos de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el país desde el 2007 al 2017, sumado a la disminución de su equipamiento y entrenamiento, viabilizó el incremento del crimen organizado y las bandas criminales que están aterrorizando a los ciudadanos con acciones como la reciente explosión del domingo en el Cristo del Consuelo de Guayaquil, los enmaletados, los descuartizados, los ensacados y los colgados de puentes.

Las advertencias y las alertas de que estábamos importando la violencia de Colombia, con un desangramiento descomunal por la disputa de las rutas de salida de la droga, fueron dadas hace más de una década por expertos ecuatorianos que decían: “Cuidado, nos estamos colombianizando”. Todo fue ignorado, o mejor dicho, aupado con acciones como la expulsión de la misión estadounidense de la base de Manta, el rechazo a la asistencia externa para entrenamiento militar y el recorte de los presupuestos, que llevaron a la revuelta militar y policía del 2010, que después fue llamada un fallido golpe de Estado, para justificar aquel accionar gubernamental.

Pero la responsabilidad no solo descansa en el gobierno perennizado diez años en el poder, que destruyó la estructura anticriminal para crear otra en beneficio político, sino en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía que, sabiendo el rumbo de las cosas y el gravísimo daño a la seguridad del Estado y de los ciudadanos, no hicieron nada.

Al cóctel molotov de inseguridad hay que sumarle los tentáculos de corrupción y del narcotráfico que han permeado las filas uniformadas, al punto de que se hayan utilizado bases militares, lanchas guardacostas y vehículos del Estado en el tráfico de cocaína.

La Fuerza Pública tenía la misión de proteger al país y no lo ha hecho. Quienes estuvieron al frente de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años deben responderle al país por no haber hecho el trabajo de fortalecer a las instituciones que representaban. Dejaron, con su silencio, que ocurra el descalabro institucional, que está a la vista y que el régimen de turno conoce. Sin embargo, hasta ahora no ha dado muestras de que la situación vaya a cambiar.