Rosa Torres Gorostiza | Un fiscal bajo sospecha
La designación debía estar marcada por la transparencia y el rigor, no por la conveniencia política
La reciente decisión del Consejo de la Judicatura de designar a Carlos Alarcón como fiscal subrogante vuelve a poner en entredicho la independencia del sistema judicial. La manera en que se justificó su nombramiento, y sobre todo quién es el beneficiado, deja la sensación de que en el Ecuador la justicia no solo se administra, sino que se acomoda al poder de turno.
El fiscal subrogante es nada menos que quien reemplaza al fiscal general -en este caso Wilson Toainga- durante su ausencia temporal o definitiva. Es decir, quien podría asumir investigaciones de alto perfil, incluidas aquellas con fuero de Corte Nacional. Por eso la designación debía estar marcada por la transparencia y el rigor, no por la conveniencia política.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura decidió que no elegiría a uno de los 23 fiscales provinciales, como manda el equilibrio institucional, bajo el pretexto de que sería “un lío” buscar sus reemplazos. ¿Desde cuándo la comodidad burocrática justifica vulnerar la meritocracia y el debido proceso? Ese argumento, tan burdo como cínico, retrata a un organismo que ya no disimula su papel subordinado al poder político.
Para colmo, el elegido no es cualquier funcionario: se trata del fiscal que lleva el caso de un cuñado del presidente de la República, que además ha impulsado los procesos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y contra el hijo de la exvicepresidenta de la República, Verónica Abad, a quien el Gobierno mantuvo fuera del país durante las elecciones.
¿Casualidad o maniobra calculada?
El problema no es solo el nombre, sino el mensaje que transmite su designación: que el Consejo de la Judicatura actúa como brazo auxiliar del Ejecutivo, seleccionando a quien mejor convenga para mantener el control de los expedientes incómodos. Así, el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción pierde sentido cuando las decisiones judiciales se contaminan de sospecha política.
Una justicia instrumentalizada deja de ser justicia. Y cuando el Gobierno central y el Consejo de la Judicatura la manipulan sin pudor, el país entero pierde la poca confianza que le quedaba en las instituciones. Así no se gobierno en democracia ni se hace patria.