Hace más de quince años, al término de una visita de una semana en Guayaquil, el reconocido periodista colombiano Fabio Castillo, autor del libro Los jinetes de la cocaína, quedó sorprendido por la cantidad de vehículos de alta gama que circulaban en Guayaquil y Samborondón, que antes sus ojos desvanecían la severa crisis de la que hablaban el gobierno, los expertos y los reportes periodísticos.

Su impresión era que parte de los dólares que había en el mercado ecuatoriano, deprimido por un lado y boyante por el otro, no provenían de actividades legales, sino de negocios ilícitos vinculados con el tráfico de drogas y el lavado de activos. Solo así se explicaba lo que había visto en sus visitas a supermercados, patios de comida, centros de diversión, cadenas de farmacias y sectores de alta expansión.

“Hay mucha plata en efectivo circulando y eso es peligroso. Así comenzó Colombia en la época de Pablo Escobar, y mira cómo estamos. Lo mismo le va a pasar a Ecuador”. Y tuvo razón Castillo, el periodista colombiano que más conoce cómo ocurrió la expansión de la mafia del narcotráfico en su país, porque fue él, como editor de un equipo de investigación del diario El Espectador, quien hizo públicos los procesos judiciales contra el narcotraficante Pablo Escobar en Pasto, Cali y Medellín. Y por eso vivió escondido durante años fuera de su patria.

Lo que Castillo vio entonces lo seguimos observando diariamente, en mayor escala y hasta en las publicaciones de las redes sociales, en todos los niveles socioeconómicos del país; pero no hay UAFE, ni fiscalías, ni superintendencias, tampoco ciudadanos o gremios que estén mirando hacia donde deben, como si el gravísimo problema de la criminalidad no nos alcanzara a todos. En parte, la sociedad está siendo cómplice de que el Ecuador se convierta en un narco-estado.

Si no fuese porque con la muerte de Leandro Norero la Fiscalía tuvo acceso a uno de sus teléfonos, no se hubiesen confirmado sus vinculaciones con Xavier Jordán, con Paco Alcócer, y de estos con autoridades locales y nacionales con las que hacían negocios. Hay muchos más nombres de alcaldes, prefectos y autoridades de hospitales y empresas públicas que saldrán a la luz. Pero la pregunta es: ¿los procesarán? Hay mucho que investigar y develar para exponer a los criminales y a los corruptos.