Rosa Torres: La justicia está atrapada en el cálculo político
La crisis de legitimidad en la justicia no solo responde a errores individuales, sino a un sistema capturado por disputas
La politización de la justicia se ha convertido en una evidencia irrefutable de la erosión de la credibilidad institucional. No se trata de una percepción aislada, sino de un síntoma profundo de un sistema que ha perdido legitimidad ante los ojos de la ciudadanía.
El país asiste diariamente a un espectáculo inquietante: un fiscal general cuestionado por la forma en que asumió el cargo, tras un controvertido pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, hoy sometido a consulta en la Corte Constitucional. Cuando la máxima autoridad del Ministerio Público llega bajo la sombra de la duda jurídica y política, el mensaje que se envía es devastador: la legalidad puede interpretarse según conveniencias y no conforme a principios.
La parálisis y las disputas internas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las que han impedido la designación de un fiscal surgido de un concurso transparente. Así, la institucionalidad ha quedado atrapada en cálculos políticos, vetos cruzados y mayorías circunstanciales que privilegian cuotas de poder por encima de méritos, trayectoria e independencia.
El trasfondo es aún más grave: la fragilidad de la carrera fiscal y judicial. En lugar de consolidar un sistema basado en méritos, evaluaciones rigurosas y autonomía real, se ha permitido que los nombramientos respondan a afinidades y alineamientos políticos. Así, fiscales y jueces quedan marcados por compromisos ajenos a la independencia que exige el Estado de derecho. Cuando un juez responde a intereses particulares o a presiones partidistas, la balanza deja de inclinarse por la ley y comienza a hacerlo por conveniencia.
El resultado es una ciudadanía desencantada. Y cada proceso mediático, como el del alcalde Aquiles Álvarez, refuerza la sospecha de que las decisiones no obedecen a criterios jurídicos, sino a arreglos previos o consignas políticas.
Mientras la política continúe colonizando tribunales y fiscalías, el país seguirá atrapado en la desconfianza. Recuperar la credibilidad exige despolitizar los nombramientos, fortalecer la carrera judicial y garantizar que la ley, y no los intereses, sea la única guía de quienes administran justicia.